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Convención internacional impide dar asilo a procesados por delitos comunes


(Prensa Senado 23-07-2012).- La presidenta del Senado Gabriela Montaño explicó que en cumplimiento de la normativa internacional, como es la Convención del Asilo Político, no amerita otorgarse éste al senador Roger Pinto, pues está acusado por delitos comunes.                                                                                                  

La Convención sobre Asilo Político, en su artículo 1, dice: “No es lícito a los Estados dar asilo en legaciones, naves de guerra, campamentos o aeronaves militares, a los inculpados de delitos comunes que estuvieren procesados en forma o que hubieren sido condenados por tribunales ordinarios, así como tampoco a los desertores de tierra y mar".

“El senador Pinto está siendo procesado por la justicia boliviana por delitos comunes, por lo que su asilo no tiene respaldo de las convenciones internacionales, mucho menos de nuestras leyes, no existe respaldo para que el senador reciba el salvoconducto para ser asilado en el Brasil”, sostuvo la senadora.

Montaño explicó uno de los casos por los que Pinto está siendo procesado, cuando en su calidad de presidente del Directorio de ZOFRA COBIJA, dispuso irregularmente la transferencia de terrenos de propiedad del Estado vendiendo éstos a particulares, sin que exista una autorización, llegando inclusive a transferir terrenos a empresas con capitales extranjeros, pese a la existencia de una prohibición constitucional.

Respecto a las faltas del senador a las sesiones del pleno camaral, explicó que Roger Pinto no puede seguir ganando un salario del Estado Boliviano sin trabajar. No cabe figura alguna la consideración para que el senador Pinto gane un salario del Estado Plurinacional desde la embajada del Brasil.

“Nosotros no  vamos a tapar el sol con un dedo, el Senado Nacional está procesando las faltas que tiene el senador Pinto y una vez concluida el receso parlamentario, se pondrá en consideración del pleno camaral sus faltas”, aseveró.

Conforme al Reglamento de la Cámara de Senadores y de la Constitución Política del Estado, la Comisión de Ética debe procesar la información remitida por el pleno. De comprobarse las seis faltas continuas y 11 discontinuas, se procederá a la suspensión del senador, es decir, la pérdida de mandato de la autoridad legislativa.


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